Sujetos Obligados y Sanciones PBC/FT

¿Qué sanciones puede sufrir mi entidad?

La Ley 10/2010 establece las sanciones que pueden ser impuestas a sujetos obligados por las infracciones cometidas. El incumplimiento de realizar el examen anual por experto externo se califica como infracción grave que conlleva las siguientes sanciones:

Sanciones por infracciones graves


- Multa, cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá ascender a la mayor de las siguientes cifras:
  • 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado.
  • El tanto del contenido económico de la operación más un 50%.
  • El triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse.
  • 5.000.000 euros que se ha incrementado de los 150.250 euros que se aplicaban anteriormente.
- Amonestación pública.
- Amonestación privada.
- Suspensión temporal administrativa cuando la sociedad esté sujeta a autorización administrativa para operar.

Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección, fueran responsables de la infracción:


- Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y hasta 10.000.000 euros en función de si se trata de infracciones graves o muy graves.

- Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier sujeto obligado por un plazo máximo de 5 años o separación del cargo en caso de infracciones muy graves hasta 10 años.

- Amonestación pública. Cuando se determine que aquélla pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podrá retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la suspensión, o en su caso, acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando no pueda garantizarse la estabilidad de los mercados financieros.
En ambos casos las sanciones pecuniarias serán obligatorias, debiendo ir acompañadas, en todo caso, por una de las otras sanciones.

La amonestación privada no trasciende a terceras personas, sin embargo, una amonestación pública implica su publicación en el B.O.E. con la pérdida de reputación que puede suponer, dado que los medios informativos pueden hacerse eco de la noticia.

Sanciones por infracciones muy graves


- Multa, cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender a la mayor de las siguientes cifras:
  • 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado.
  • El duplo del contenido económico de la operación.
  • EL quintuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse.
  • 10.000.000 euros que se ha incrementado de los 1.500.000 euros que se aplicaban anteriormente.
- Amonestación pública.
- Revocación administrativa cuando la sociedad esté sujeta a autorización administrativa para operar.

  
¿Quiénes se consideran sujetos obligados según la normativa de PBC/FT?


- Las entidades de crédito.

- Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión.

- Las empresas de servicios de inversión.

- Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

- Las entidades gestoras de fondos de pensiones.

- Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.

- Las sociedades de garantía recíproca.

- Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.

- Las personas que ejerzan profesionalmente actividad de cambio de moneda. Para este tipo de actividad el RD 304/2014 en su artículo 3 excluye del cumplimiento de las obligaciones de la ley a aquellos sujetos que cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

  • En los casos que se preste como servicio proporcionado, vinculado a una actividad principal que no sea la de cambio de moneda extranjera.
  • Que el importe no exceda de 1.000 euros en cada trimestre natural.
  • Que la actividad esté limitada en términos absolutos sin exceder los 100.000 euros anuales.
  • Que la actividad sea accesoria a la principal y que suponga menos de un 5% de la facturación anual del negocio.

- Los servicios postales respecto de la actividad de giro o transferencia.

- Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como personas que sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de créditos desarrollen alguna de las actividades de la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994 de 14 de abril (Adaptación a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria).

- Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.

- Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

- Los notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles.

- Los abogados, procuradores y otros profesionales independientes quedarán sujetos cuando participen en:

  • La concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos.
  • La apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores.
  • La organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas.
  • La organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas.
  • Cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

- Personas que con carácter profesional presten servicios a terceros:

  • Constituir sociedades.
  • Ejercer funciones de secretaría o dirección.
  • Facilitar domicilios sociales.
  • Ejercer de fideicomiso o instrumento jurídico similar.
  • Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

- Los casinos de juego.

- Las personas relacionadas con:

  • El comercio profesional de joyas, piedras y metales preciosos.
  • El comercio profesional de objetos de arte y antigüedades.
  • El comercio profesional de inversión filatélica y numismática, árboles, bosques naturales, animales y otros bienes susceptibles de ser objeto de contratación con oferta de restitución de precio.

- Las personas relacionadas con:

  • Actividades de depósito, custodia o de transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • La gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
  • Personas físicas que realicen movimientos de medios de pago.
  • El comercio profesional de bienes respecto a las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen en medios de pago (efectivo, cheques bancarios al portador u otro modo de pago físico al portador) por importe superior a 15.000 euros.

- Las fundaciones y asociaciones.

- Los gestores de sistemas de pago y compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades.

- La Quinta Directiva 2015/849 de 30 de mayo, en cuanto a lo referente a sujetos obligados, trae consigo una serie de modificaciones que deberán ser traspuestas a nuestro ordenamiento y que conllevan la modificación de la legislación vigente. Algunas de las más significativas son las siguientes:

  • Se introducen como nuevos sujetos obligados las plataformas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. La intención es aumentar el control a las transacciones anónimas, regulando el movimiento de efectivo virtual con un marco reglamentario propicio para controlar no sólo el uso de las monedas virtuales como instrumentos de pago, sino su facilidad para ser también empleadas como “medios de cambio, inversión, productos de reserva de valor o uso en los casinos en línea”. En este sentido, y con el fin de perseguir el anonimato en uso de tarjetas prepago y monedas virtuales y evitar que puedan derivar en operaciones con fines delictivos se reducen los límites máximos a partir de los que es obligatoria la identificación.
  • Se amplía a aquellos profesionales que presten servicios en materia fiscal como actividad principal, ya sea mediante asesoramiento directo o a través de terceros, adicionalmente a los asesores fiscales, contables externos y auditores que ya se contemplaban en la Ley 10/2010.
  • Se incluyen aquellos servicios de alquiler de inmuebles cuya renta mensual sea igual o superior a 10.000 euros de los sujetos obligados que estén vinculados a la intermediación inmobiliaria.